Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
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Bastante agitado estuvo el fin de semana que acaba de pasar. Con reinado a bordo, puente festivo, dos alocuciones presidenciales y el rompimiento de los diálogos de La Habana. Agitado el fin de semana y confusos los hechos. Con todo y ello, los medios masivos cumplieron con su tarea informativa- especulativa y de esta manera coadyuvaron a que la confusión sobre la desaparición y paradero del General Alzate, el cabo Jorge Rodríguez Contreras[1] y la abogada, Gloria Urrego, fuera mayor. Dos días seguidos el país sin saber a ciencia cierta qué había pasado con el general del Ejército. Realmente, la preocupación giraba en torno al alto oficial. Ni el cabo, ni la abogada contaban para la prensa y mucho menos para el Gobierno de Santos.
Se trató de un secuestro, perpetrado por miembros del Frente 34 de las Farc, decían una y otra vez los noticieros de televisión, a pesar de que ellos mismos y la prensa escrita divulgaban versiones de algunos miembros de la comunidad de Las Mercedes, que indicaban que el alto oficial y sus acompañantes llegaron al caserío y se fueron con un grupo de presuntos guerrilleros. Al parecer no hubo forcejeo. A pesar de estos indicios, los medios se plegaron a la versión de la fuente castrense que indicaba que se trataba de un secuestro. De un verdadero atentado contra el proceso de paz.
Lo sucedido con el general Alzate llevó al Presidente, a los periodistas y a amplios sectores de la sociedad, a olvidar que se pactó negociar y dialogar en medio de la guerra, de las hostilidades. Y si las Farc capturaron al General, ello constituye un acto de guerra, tal y como sucedió días atrás cuando en el sur del país y en medio de un combate, las Farc retuvieron a dos soldados profesionales. Y está claro que para las Farc estos hechos constituyen actos de guerra en los que los plagiados adquieren el carácter de prisioneros de guerra; y para los medios y las huestes castrenses, se trata de un secuestro. El enfrentamiento también es discursivo.
En las redes sociales, como twitter, las versiones y comentarios iban y venían. Se señalaba que el General Alzate[2] desconoció protocolos de seguridad, que dio “papaya” al visitar una zona de presencia de guerrillas, estando de civil y desarmado. De igual manera, se habló de que detrás del secuestro estaban las manos de aquellos enemigos del proceso de paz. Y nuevamente, el ex presidente Uribe estaba allí, con información privilegiada, la misma que al parecer fuentes castrenses le negaron al Presidente y a su Ministro de la Defensa. Al final, y gracias a la presión de la cúpula militar y del hecho mismo de la desaparición del alto oficial, Santos suspendió los diálogos de paz. Lo hizo a través de dos alocuciones en las que claramente se notaba que no tenía toda la información en sus manos. Por el lado de las Farc, desde La Habana se informó que para el día martes 18 de noviembre de 2014, se pronunciarían al respecto. Después del largo y agitado fin de semana, el país amaneció a la espera de lo que puedan confirmar o desmentir las Farc.
Mientras se aclaran los hechos y la autoría de la presunta retención del oficial y de sus acompañantes, en esta columna se expone la tesis con la que se pretende comprender y explicar la decisión del Presidente Santos.
La tesis es la siguiente:
Al interior de las Fuerzas Armadas, en especial dentro de las Fuerzas Militares, subsisten dos sectores o bandos. Uno que aún es afecto a la ideología y al comportamiento político-militar del ex presidente y hoy senador, Álvaro Uribe Vélez; y el otro bando, mantiene relativo respaldo al hoy comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Juan Manuel Santos Calderón. Respaldo que deviene protocolario y que estaría condicionado a las presiones de oficiales operativos, aupados por oficiales en retiro, representados por Acore.
Estas circunstancias explicarían la apresurada decisión del presidente Santos. No se trataría, entonces, de una decisión autónoma y/o consensuada, sino que obedecería a presiones internas de una cúpula que está exigiendo reconocimiento y respeto a su Comandante Supremo y a la sociedad colombiana, por lo que consideran al interior de dicha cúpula, una grave afrenta contra el honor militar las ejemplarizantes condenas contra los generales Arias Cabrales, Rito Alejo del Río y Uscátegui y por supuesto, la proferida contra el coronel, Alfonso Plazas Vega. Además, por las investigaciones y condenas contra altos oficiales por las ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”). De igual manera, subsiste una clara molestia en las huestes castrenses frente al proceso de paz y la posibilidad de que al ponerse fin al conflicto armado con las Farc, el número de efectivos deba reducirse, la doctrina militar deba cambiar, y se reduzcan privilegios y el presupuesto militar, sobre el que poco control se hace por parte de la Contraloría. Así las cosas, el secuestro del General Alzate se erige como el suceso que esa cúpula y el sector afecto a Uribe estaban esperando para acorralar al presidente Santos.
Si esta tesis tiene asidero, la suspensión de los diálogos en La Habana serviría para mandar a las Farc, a los países garantes y amigos del proceso, a la sociedad colombiana en general y en particular a los sectores que apoyan la consecución de la paz, un mensaje claro: existe una burocracia armada, fuerte y decidida a mantener y ampliar privilegios, de cara a la firma del fin del conflicto. Y ello “graduaría” a las Fuerzas Armadas, y en particular a las Fuerzas Militares, como un actor político cuyo poder no se puede despreciar.
En reiteradas ocasiones el presidente Santos se ha visto obligado a explicar a la tropa que los intereses y privilegios de las fuerzas armadas no serán tocados en caso de que se firme el fin del conflicto con las Farc. Esa situación indica claramente que subsiste un malestar en las filas que resulta de una campaña de desinformación que bien puede estar siendo aupada desde Acore y apoyada por el propio senador Uribe Vélez.
Así las cosas, y más allá de que se supere esta grave y enrarecida coyuntura política, militar y mediática que hoy enfrenta el proceso de paz de La Habana, el mensaje que las fuerzas militares están enviando al país, a la Mesa de Diálogos, a los defensores de derechos humanos y a los países garantes y amigos de la negociación, es claro y será definitivo para el tipo de escenario de posguerra que las partes que negocian en La Habana estén imaginando y diseñando. Es decir, la doctrina militar no cambiará y mucho menos van a permitir que se toquen privilegios, condiciones salariales y que en adelante se vaya a vigilar y controlar el gasto militar.
Más allá de las explicaciones que en pocas horas entreguen las Farc, bien que confirmen o nieguen que el General Alzate fue capturado o hecho prisionero por milicianos o guerrilleros de las Farc, lo cierto es que la confianza entre los negociadores está afectada en materia grave. Y lo está, porque hay un actor político-militar, las Fuerzas Militares, con el poder suficiente para desconocer la autoridad y el mando al Presidente Santos, y para insistir en que extrañan a Uribe como Jefe Supremo.
[1] El Espectador, por ejemplo, sostiene que a ese nombre responde un oficial en el grado de capitán.
[2] Versiones indican que el General Alzate estaba cumpliendo actividades tendientes a lograr la desmovilización de guerrilleros de las Farc. Al parecer, se trataría de actividades no consultadas con el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón y el Presidente Santos. Si se trata de un secuestro por parte de las Farc, sin duda el alto oficial fue traicionado. Si no se trata de un secuestro por parte de miembros de las Farc, sino de otro grupo armado ilegal, es probable que dentro de las filas oficiales se haya provocado el secuestro, con el claro propósito de afectar el desarrollo del proceso de paz de La Habana. De todas formas, el General le debe muchas explicaciones al país.
