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Un grupo de profesoras y profesores universitarios decidió expresar públicamente su respaldo al Acuerdo Final con el que el Gobierno nacional y la dirigencia de las Farc-Ep pondrán fin a un prolongado y degradado conflicto armado interno.

El pronunciamiento de las profesoras y profesores, firmado en Cali, el 12 de agosto de 2016, señala lo siguiente:

Como ciudadanos y ciudadanas inmersos en procesos de formación de profesionales, mejores personas y de ciudadanos comprometidos con la discusión de asuntos públicos, expresamos nuestro respaldo a los diálogos de Paz de La Habana e invitamos a otros colegas para que se adhieran y nos acompañen a decirle SÍ al plebiscito, cuando las autoridades nos convoquen.

Este respaldo se da porque asumimos la defensa de la vida como un compromiso ético ineludible. No queremos que en nuestros campos y selvas sigan muriendo combatientes y no combatientes: campesinos, indígenas, afrocolombianos, niños, niñas, jóvenes y ancianos, en razón de una guerra fratricida que se prolongó en el tiempo.

En solidaridad con todas las víctimas del conflicto armado, nos oponemos a que las vidas de campesinos, indígenas y afrocolombianos y en general la vida de todos los colombianos, sigan sujetas a las dinámicas del conflicto armado y a los vaivenes de la guerra. Sus proyectos de vida y territorios, golpeados por las partes en conflicto, merecen continuar desarrollándose en un contexto de paz que garantice para sus miembros una vida digna, reconocida y respetada por todos nosotros.

Los desarrollos de la guerra interna colombiana se han dado en mayor medida en territorios rurales. Esta circunstancia ha hecho que quienes vivimos en las grandes ciudades, ignoremos o miremos con indiferencia el sufrimiento de cientos de miles de víctimas que el conflicto armado viene dejando en su largo recorrido y que muchos de ellos han llegado a las urbes en condición de desplazamiento forzado.

Estamos ante un inmejorable momento histórico para modificar sustancialmente esas realidades en las que nuestros compatriotas han sufrido los horrores de la guerra. Por todo lo anterior, este grupo de mujeres y hombres anuncia ante la comunidad académica y en general, a todos los colombianos, su compromiso con la construcción de una paz con justicia social, estable y duradera, para lo cual firmar el fin del conflicto armado es el primer paso inaplazable.

Estamos convencidos de que al Votar SÍ al plebiscito estaremos sembrando la semilla de la reconciliación, la misma almendra que el conflicto armado ha venido marchitando durante 52 años de guerra interna. Además refrendaremos el Acuerdo Final de Paz que consiste en una Política de Desarrollo Agrario Integral, Solución al Problemas de las Drogas Ilícitas, Ampliación de la Participación Política, Respeto del derecho de las Víctimas a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición y la Dejación de las armas por parte de las Farc-ep para la terminación de toda actividad militar y delictiva y transformarse en un partido político.

Queremos finalizar este comunicado con lo dicho por Santiago Gamboa, en su libro La guerra y la paz: “porque las guerras no se ganan ni se pierden, solamente se sufren. Y todo el que ha estado en una guerra, así salga ileso, es un herido de guerra”.

Reiteramos la invitación a los colegas de todas las universidades a suscribir este pronunciamiento.

Siguen firmas:

Jesús Alfonso Flórez López, CC 91235150. Universidad Autónoma de Occidente

Óscar Duque Sandoval, CC 16583093. Universidad Autónoma de Occidente

Solón Calero, CC 19.391.862. Universidad Autónoma de Occidente

Carmen Cecilia Rivera, CC 42051679. Universidad Autónoma de Occidente

Claudia Leal Valencia, CC 66.86356. Universidad Autónoma de Occidente

Mary Candelo R, CC 31170848. Universidad Autónoma de Occidente

Ruth Elizabeth Gutiérrez M, CC 35495452. Universidad Autónoma de Occidente

Francisco Javier Salazar, CC 16758449. Universidad Autónoma de Occidente

Luis Eduardo Lobato Paz, CC 10482439. Universidad Autónoma de Occidente

Elizabeth Muñoz, CC 31291647. Universidad Autónoma de Occidente

Rosalba Lemos González, CC 66949355. Universidad Autónoma de Occidente

Rodrigo Jesús Ocampo G, CC 94324049. Universidad Autónoma de Occidente

Lucía Villamizar, CC 3894.966. Universidad Autónoma de Occidente

Alba Lucero García T CC 31925 386. Universidad Autónoma de Occidente

Patricia Galarza González, CC 30725382. Universidad Autónoma de Occidente

Juan Diego Castrillón, CC 16607197. Universidad Autónoma de Occidente

Marisol Gómez Salinas, CC 66901162. Universidad Autónoma de Occidente

Diego Lenis Vallejo, CC 16625543. Universidad Autónoma de Occidente

Elizabeth Gómez Etayo, CC 66864425. Universidad Autónoma de Occidente

Guido Germán Hurtado Vera. cc no. 10.483.318. Universidad Autónoma de Occidente

Germán Ayala, CC 16731959. Universidad Autónoma de Occidente

Érika Márquez Montaño, CC 66.919.092. Universidad Autónoma de Occidente

Luis Enrique Suarez Cifuentes, CC. 10533878. Universidad Autónoma de Occidente y Universidad Libre

Manifestación de la Comisión de Rectores, del Sistema Universitario Estatal, SUE

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo 

http://www.laotratribuna1.blogspot.com

Bastante agitado estuvo el fin de semana que acaba de pasar. Con reinado a bordo, puente festivo, dos alocuciones presidenciales y el rompimiento de los diálogos de La Habana. Agitado el fin de semana y confusos los hechos. Con todo y ello, los medios masivos cumplieron con su tarea informativa- especulativa y de esta manera coadyuvaron a que la confusión sobre la desaparición y paradero del General Alzate, el cabo Jorge Rodríguez Contreras[1] y la abogada, Gloria Urrego, fuera mayor. Dos días seguidos el país sin saber a ciencia cierta qué había pasado con el general del Ejército. Realmente, la preocupación giraba en torno al alto oficial. Ni el cabo, ni la abogada contaban para la prensa y mucho menos para el Gobierno de Santos.

Se trató de un secuestro, perpetrado por miembros del Frente 34 de las Farc, decían una y otra vez los noticieros de televisión, a pesar de que ellos mismos y la prensa escrita divulgaban versiones de algunos miembros de la comunidad de Las Mercedes, que indicaban que el alto oficial y sus acompañantes llegaron al caserío y se fueron con un grupo de presuntos guerrilleros. Al parecer no hubo forcejeo. A pesar de estos indicios, los medios se plegaron a la versión de la fuente castrense que indicaba que se trataba de un secuestro. De un verdadero atentado contra el proceso de paz.

Lo sucedido con el general Alzate llevó al Presidente, a los periodistas y a amplios sectores de la sociedad, a olvidar que se pactó negociar y dialogar en medio de la guerra, de las hostilidades. Y si las Farc capturaron al General, ello constituye un acto de guerra, tal y como sucedió días atrás cuando en el sur del país y en medio de un combate, las Farc retuvieron a dos soldados profesionales. Y está claro que para las Farc estos hechos constituyen actos de guerra en los que los plagiados adquieren el carácter de prisioneros de guerra; y para los medios y las huestes castrenses, se trata de un secuestro. El enfrentamiento también es discursivo.

En las redes sociales, como twitter, las versiones y comentarios iban y venían. Se señalaba que el General Alzate[2] desconoció protocolos de seguridad, que dio “papaya” al visitar una zona de presencia de guerrillas, estando de civil y desarmado. De igual manera, se habló de que detrás del secuestro estaban las manos de aquellos enemigos del proceso de paz. Y nuevamente, el ex presidente Uribe estaba allí, con información privilegiada, la misma que al parecer fuentes castrenses le negaron al Presidente y a su Ministro de la Defensa.  Al final, y gracias a la presión de la cúpula militar y del hecho mismo de la desaparición del alto oficial, Santos suspendió los diálogos de paz. Lo hizo a través de dos alocuciones en las que claramente se notaba que no tenía toda la información en sus manos.  Por el lado de las Farc, desde La Habana se informó que para el día martes 18 de noviembre de 2014, se pronunciarían al respecto. Después del largo y agitado fin de semana, el país amaneció a la espera de lo que puedan confirmar o desmentir las Farc.

Mientras se aclaran los hechos y la autoría de la presunta retención del oficial y de sus acompañantes, en esta columna se expone la tesis con la que se pretende comprender y explicar la decisión del Presidente Santos.

La tesis es la siguiente:

Al interior de las Fuerzas Armadas, en especial dentro de las Fuerzas Militares, subsisten dos sectores o bandos. Uno que aún es afecto a la ideología y al comportamiento político-militar del ex presidente y hoy senador,  Álvaro Uribe Vélez; y el otro bando, mantiene relativo respaldo al hoy comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Juan Manuel Santos Calderón. Respaldo que deviene protocolario y que estaría condicionado a las presiones de oficiales operativos, aupados por oficiales en retiro, representados por Acore.

Estas circunstancias explicarían la apresurada decisión del presidente Santos. No se trataría, entonces, de una decisión autónoma y/o consensuada, sino que obedecería a presiones internas de una cúpula que está exigiendo reconocimiento y respeto a su Comandante Supremo y a la sociedad colombiana, por lo que consideran al interior de dicha cúpula, una grave afrenta contra el honor militar las ejemplarizantes condenas contra los generales Arias Cabrales, Rito Alejo del Río y Uscátegui y por supuesto, la proferida contra el coronel, Alfonso Plazas Vega. Además, por las investigaciones y condenas contra altos oficiales por las ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”). De igual manera, subsiste una clara molestia en las huestes castrenses frente al proceso de paz y la posibilidad de que al ponerse fin al conflicto armado con las Farc, el número de efectivos deba reducirse, la doctrina militar deba cambiar, y se reduzcan privilegios y el presupuesto militar, sobre el que poco control se hace por parte de la Contraloría. Así las cosas, el secuestro del  General Alzate se erige como el suceso que esa cúpula y el sector afecto a Uribe estaban esperando para acorralar al presidente Santos.

Si esta tesis tiene asidero, la suspensión de los diálogos en La Habana serviría para mandar a las Farc, a los países garantes y amigos del proceso, a la sociedad colombiana en general y en particular a los sectores que apoyan la consecución de la paz, un mensaje claro: existe una burocracia armada, fuerte y decidida a mantener y ampliar privilegios, de cara a la firma del  fin del conflicto. Y ello “graduaría” a las Fuerzas Armadas, y en particular a las Fuerzas Militares, como un actor político cuyo poder no se puede despreciar.

En reiteradas ocasiones el presidente Santos se ha visto obligado a explicar a la tropa que los intereses y privilegios de las fuerzas armadas no serán tocados en caso de que se firme el fin del conflicto con las Farc. Esa situación indica claramente que subsiste un malestar en las filas que resulta de una campaña de desinformación que bien puede estar siendo aupada desde Acore y apoyada por el propio senador Uribe Vélez.

Así las cosas, y más allá de que se supere esta grave y enrarecida coyuntura política, militar y mediática que hoy enfrenta el proceso de paz de La Habana, el mensaje que las fuerzas militares están enviando al país, a la Mesa de Diálogos, a los defensores de derechos humanos y a los países garantes y amigos de la negociación, es claro y será definitivo para el tipo de escenario de posguerra que las partes que negocian en La Habana estén imaginando y diseñando. Es decir, la doctrina militar no cambiará y mucho menos  van a permitir que se toquen privilegios, condiciones salariales y que en adelante se vaya a vigilar y controlar el gasto militar.

Más allá de las explicaciones que en pocas horas entreguen las Farc, bien que confirmen o nieguen que el General Alzate fue capturado o hecho prisionero por milicianos o guerrilleros de las Farc, lo cierto es que la confianza entre los negociadores está afectada en materia grave. Y lo está, porque hay un actor político-militar, las Fuerzas Militares, con el poder suficiente para desconocer la autoridad y el mando al Presidente Santos, y para insistir en que extrañan a Uribe como Jefe Supremo. 

[1] El Espectador, por ejemplo, sostiene que a ese nombre responde un oficial en el grado de capitán.

[2] Versiones indican que el General Alzate estaba cumpliendo actividades tendientes a lograr la desmovilización de guerrilleros de las Farc. Al parecer, se trataría de actividades no consultadas con el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón y el Presidente Santos. Si se trata de un secuestro por parte de las Farc, sin duda el alto oficial fue traicionado. Si no se trata de un secuestro por parte de miembros de las Farc, sino de otro grupo armado ilegal, es probable que dentro de las filas oficiales se haya provocado el secuestro, con el claro propósito de afectar el desarrollo del proceso de paz de La Habana. De todas formas, el General le debe muchas explicaciones al país.  

Como mediación la música cumple la función de instrumento favorable al cultivo de una práctica de socialización. Hace parte de una tradición cultural en cuanto proceso y producto que interrelaciona, no es sólo para vender y comprar sino consumir hasta la misma consumación, hasta la desaparición, la extinción. Cumple también con una función mediadora social en cuanto que responde a una cosmovisión.

El conflicto armado colombiano ofreció la coyuntura particular desde el año 2012 para que Gobierno y las farc, uno de los grupos insurgentes más antiguos del mundo buscaran delinear un proceso de paz. Este conflicto se puede rastrear desde comienzos del siglo XX con la hegemonía conservadora y la aparición de grupos campesinos alzados en armas que luego confluyen en un alineamiento marxista leninista en la década de los 60 para finalmente terminar
aliado con redes del narcotráfico a través del cobro de “vacunas”. En la búsqueda de la solución al conflicto armado se han advertido signos de desconfianza ciudadana en el logro de resultados efectivos de paz, suspicacia que tomó cuerpo a través de diferentes encuestas de opinión, susceptibles de ser interpretadas como pérdida de favorabilidad del Gobierno o rechazo a la forma como se ha desarrollado el encuentro.

El martes 9 de abril de 2013, cuando conmemoramos 65 años del asesinato del líder carismático Jorge Eliécer Gaitán, se realizó en Colombia la llamada Marcha por la Paz. Desde tempranas horas de la mañana por distintas emisoras nacionales se hacía énfasis en que esta marcha no tenía dueño y que era muy bueno que así fuera. El Presidente Santos tenía una hora y un lugar de encuentro, el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tenía otra hora, Piedad Córdoba y los Colombianos y Colombianas por la Paz, otra agenda; así mismo la Marcha Patriótica y otras tantas organizaciones sociales, populares, comunitarias y partidos políticos que se dieron cita especialmente en la capital de la República para darle un sí a la paz y apoyar los diálogos de La Habana, tan vilipendiados por la funesta alianza Uribe-Pastrana.

¿Qué pensará un ama de casa cuando prende su televisor y ve a los políticos de siempre hablando sobre el proceso de paz? ¿Qué pensará cuando ve a dirigentes
de las Farc, sin uniforme, y a Humberto de la Calle Lombana hablando por micrófono desde la mesa de La Habana? Escuché a una señora decir frente a
estas imágenes: “vea, ahí están gastándose la plata y eso no va para ninguna parte”. Y yo atiné a decirle: “Señora, esas conversaciones son importantes y necesarias” ¿Usted cree? Me preguntó incrédula. “Claro que sí”.